Delitos electorales: la Justicia Federal citó a indagatoria a la intendenta de Nogolí
Es la respuesta a una de varias denuncias por irregularidades en las elecciones de 2017 en San Luis. Fue denunciada por entregar votos marcados a electores inscriptos en los planes sociales que debían votar la lista de Rodríguez Saá para no perder la asistencia del Estado.
Así se dio un paso más en la investigación sobre la posible comisión de un delito que atenta contra la libertad y el voto secreto.
Tanto la actual intendenta, Claudia Pinelli como la entonces directora del Hospital de Nogolí, Silvia Quevedo y los fiscales de mesa del Frente Unidad Justicialista Nancy Escudero y Nicando Hilario Amieva, deberán sentarse en el banquillo ante el juez y prestar declaración en el marco del artículo 139 inciso B del Código Electoral Nacional.
Para el 14 de noviembre fueron citados Pinelli y Amieva, mientras que el 15 es el turno de Quevedo y Escudero.
La maniobra consistió en entregarles a vecinos inscriptos en planes sociales, los votos marcados con un código conformado por una letra y un número. De esa forma quedaban identificados y después desde el oficialismo podían comprobar si efectivamente habían sufragado por Adolfo y Alberto Rodríguez Saá, candidatos a senadores nacionales titular y suplente, respectivamente, y a Pinelli como postulante a la intendencia. (La sábana se completaba con Karim Alume, Victoria Rosso y Alberto Geraiges en la categoría de diputados nacionales; Mabel Leyes en el rubro senador provincial y Rosa Calderón, Luis Amieva y Norma Rosa Villegas como diputados provinciales)
“Lo que hizo la fiscalía es imputar tres casos de electores, supuestamente, compelidos a votar de determinada manera”, sostuvo el fiscal Federal, Cristian Rachid al fundamentar la requisitoria a indagatoria.
Se caracterizaron los votos marcándolos de acuerdo al beneficio que se prometía.
En la realidad, según explicó el propio fiscal, procedieron así: “si votaba (a Unidad Justicialista) se le daría el plan y si no votaba no se le daba”.
Se caracterizaron los votos marcándolos de acuerdo al beneficio que se prometía. La letra “P” correspondían al Plan de Inclusión Social, la “M” a los merenderos, la “B” a becas, el par “PB” a Pañuelos Blancos, la "H" Hospital y “AS4” a otro plan social.
En el caso de los números añadidos al costado de cada letra se relacionaban a la identidad de la persona que recibió la boleta. Al contabilizar las boletas se podía vislumbrar quienes habían votado a favor del PJ.
En definitiva y de acuerdo a quienes manifestaron su rechazo a la maniobra, los delitos que encuadran este tipo de acciones son propios de la “presión para coartar la libertad y el voto secreto”.
El procedimiento fue descubierto un día antes de la realización de los comicios del 22 de octubre y el Frente Avanzar y Cambiemos por San Luis lo denunció ante la Justicia Federal con competencia electoral.
En ese momento, Pinelli además de candidata a intendente comisionada, se desempeñaba como interventora del Municipio y Quevedo era la directora del hospital, es decir eran funcionarias del Gobierno. El día de la elección actuaron como fiscal general y fiscal en la escuela, respectivamente. Amieva y Escudero serían los brazos ejecutores de la maniobra como fiscales de mesa. Desde su rol controlaban la asistencia de los votantes y luego corroboraban en el recuento que “aparecieran” los votos marcados.
Según el testimonio de electores, previo al comicio tuvieron contacto con los denunciados.
Pinelli y Adolfo Rodríguez Saá.
Los apoderados del Frente Avanzar y Cambiemos por San Luis se adelantaron y alentaron una investigación sobre la maniobra que “violó los derechos cívicos más básicos”.
Tras el escrutinio se contabilizaron un total de 65 boletas irregulares.
Rachid pudo arribar a las conclusiones necesarias para acusar a los cuatro dirigentes del oficialismo de ser coautores de un delito electoral al haber “compelido a electores a votar de manera determinada”.
“No está en discusión que los hechos están a prima facie acreditados como para por lo menos llamar a una indagatoria”, dijo el funcionario judicial al referirse al caso en las últimas semanas.
Hace poco más de un mes se pidió la indagatoria y ahora el juez hizo lugar al requerimiento. El delito que se les atribuye contempla una pena de hasta tres años de prisión y hasta 10 de privación de derechos políticos.
No fue la única denuncia que cayó en manos de la justicia, en los fueros federal y provincial, por irregularidades en una elección que le permitió al Gobierno recuperarse de una derrota por casi 20 puntos en las PASO al dar vuelta el resultado el 22 de octubre.
La demanda contra el gobernador Alberto Rodríguez Saá por haber favorecido con una transferencia de $80 millones a la Fundación Mujeres Puntanas de la esposa del senador Adolfo Rodríguez Saá que “regaló” electrodomésticos en actos proselitistas, está paralizada porque los jueces se declaran incompetentes. Acá también están involucrados el vicegobernador, dos ministros, el contador General de la Provincia y Gisela Vartalitis.
Adolfo Rodríguez Saá en un acto en Nogolí. Sentadas Mabel Leyes (senadora por Belgrano) y Claudia Pinelli.
En jurisdicción de la justicia provincial se encuentra además el expediente por el reparto de tablets de un programa del Estado a punteros del PJ. La entrega se hizo un mediodía en la sede partidaria central.
Al listado de hechos escandalosos se sumaron la distribución de cheques para la compra de materiales de construcción. La jornada previa a la elección se empapeló una ferretería de Villa Mercedes con cheques oficiales de la gestión de Mario Merlo.
Fraude en Arizona: Las citaciones a declarar se extenderán hasta noviembre de 2019
El fiscal Federal también había pedido la indagatoria del ex intendente de Arizona Pedro Figueroa (PJ) por haber traído en 2015 a electores desde La Pampa y Mendoza para que votaran a su hijo, el actual intendente Ariel Figueroa.
El trato consistía en favorecerlos con una licencia de conducir profesional, que de acuerdo a la investigación de la fiscalía, se otorgaba sin complementar ningún protocolo normativo vigente.
Ahora la Justicia hizo ligar al requerimiento y deberán declarar 86 personas. Ya declararon tres y el resto irá compareciendo hasta noviembre del próximo año.
La causa tuvo su origen el 7 se septiembre del 2015 a raíz de la denuncia efectuada en la sede de Fiscalía por un particular, quien refirió que en el municipio concurrían a votar personas que no estaban domiciliadas en la localidad.
Desde entonces se llevaron una serie de medidas de prueba como pedidos de informes a organismos públicos tendientes a constatar el domicilio de las personas señaladas y un allanamiento realizado en la sede del Registro Civil.
Incluso una serie de registros fílmicos y fotográficos tomados por personal de la Policía Federal Argentina permitieron identificar el cruce desde General Pico hacia Arizona de vehículos que trasladaban a los falsos electores durante los días previos a la jornada electoral del 25 de octubre de 2015.
El llamado a indagatoria alcanza a la totalidad de los falsos electores detectados, al por entonces intendente y a la encargada de la oficina local del Registro Civil por idénticos delitos en concurso con infracción al art. 248 del Código Penal; así como a los efectivos policiales que extendieron falsos certificados de domicilio a favor de los electores imputados y a testigos civiles que efectuaron falsas declaraciones con los mismos fines, en sendos certificados falsos de residencia.